El Conpes 4021 de 2020, mediante el cual se definió la Política Nacional para el control de la desforestación y la gestión sostenible de los bosques, supone un avance importante en la definición de estrategias y acciones para frenar la pérdida de bosque en municipios con alta deforestación. Sin embargo, este documento de política evidencia la forma en la que convencionalmente se abordan los retos y limitaciones del ordenamiento territorial en el país: según se advierte en una de las estrategias, las acciones en los 150 municipios con alta deforestación deben enfocarse, por un lado, en el fortalecimiento de capacidades institucionales de los entes territoriales y de las autoridades ambientales, y por el otro, en el acompañamiento a los municipios en la actualización de los instrumentos de ordenamiento territorial. No hay duda de la importancia de generar capacidades institucionales a nivel local y más importante aún, de fortalecer el “Estado” en los temas asociados a la regulación del uso del suelo. Tampoco se cuestiona la necesidad de que los municipios pongan al día sus planes de ordenamiento territorial para la toma de decisiones informadas y transparentes, y menos aún, que la legislación sobre la materia se ponga a tono con modelos de ocupación y uso incluyentes, productivos y sostenibles.
Existe un elemento adicional que debería tener una mayor visibilidad en los debates sobre el ordenamiento del suelo rural en Colombia y es el del papel del Gobierno Nacional, específicamente de los sectores administrativos de ambiente, transporte, minas y energía, salud, educación, por nombrar algunos, en la localización de personas y de actividades en áreas rurales. La superposición entre trazados de carreteras nacionales con ecosistemas estratégicos o la autorización para el desarrollo de Proyectos de Interés Nacional y Estratégico (PINES) de hidrocarburos en municipios con vocación agrícola o turística generan incertidumbre en las autoridades locales y en las comunidades. Incluso, existen arreglos institucionales del nivel nacional, como la Comisión Intersectorial de Infraestructura y Proyectos Estratégicos creada en 2013, que, en algunos casos, no parecen estar alineados con las prioridades de ordenamiento de los municipios.
La gobernanza no es un tema menor en una renovación de la agenda de ordenamiento territorial en el país. Si este es el caso, debe identificarse, estudiarse y analizarse el rol que tiene el Gobierno Nacional en las decisiones de localización de personas y actividades en suelo rural, dado que no es suficiente enfocar los esfuerzos y estrategias en los niveles locales. El fortalecimiento de la gobernanza entre actores privados y públicos, así como entre distintos niveles de gobierno, permite avanzar en definir un modelo nacional de ordenamiento territorial de largo plazo para saber para dónde vamos como país y como sociedad en las apuestas ambientales y rurales.