El 24 de mayo se celebra el Día Internacional de las Mujeres por la Paz y el Desarme. Instaurado en 1982, por grupos de mujeres que se oponían a las intervenciones militares y la escalada de la producción de armamento nuclear de la época, este día recuerda los esfuerzos en las múltiples dimensiones que las mujeres emprenden en la búsqueda de la convivencia pacífica.
Uno de los objetivos de esta conmemoración es la toma de conciencia de los efectos para la sociedad cuando se opta por la vía militar y de las armas para la resolución de conflictos, incluso de la vida cotidiana. Amnistía Internacional reporta que cada día mueren al menos 600 personas, víctimas de violencia en la que hay armas involucradas.[2] Además, recuerda las situaciones de amenaza y miedo a las que son sometidas, en especial, las mujeres, las comunidades empobrecidas o racializadas cuando el armamento, legalizado o no, hace parte de la cotidianidad, sin olvidar la fractura de los tejidos sociales producidos por el terror instalado.
El llamado de este día incluye un reclamo sobre la dimensión que toma el gasto en la industria militar y armamentista. Para el año 2022, el gasto a nivel mundial alcanzó $2.240 mil millones, la cifra más alta jamás registrada por el Stockholm Internacional Peace Research Institute. Esto se ha traducido en que, incluso a pesar de los efectos que persisten de la pandemia o la perturbación de las cadenas de suministro (consecuencia misma de las guerras), las ganancias de estos lucrativos negocios siguen aumentando de forma sostenida en casi un 2% anual desde al menos 2015.[3]
Sin embargo, este día también arroja luz sobre las acciones emprendidas por las mujeres para contrarrestar los efectos de las guerras y las violencias. Este día es una forma de visibilizar las acciones individuales y el rol de los grupos de mujeres en la construcción de paz. Por ejemplo, pone de relieve la forma cómo estos esfuerzos colectivos han logrado traducirse en agendas normativas de alcance internacional, o cómo se ha incentivado el cuestionamiento académico de aspectos que se han normalizado como parte de la guerra o que han permanecido silenciados.
De un lado, en términos de los marcos normativos, la adopción en 2000 de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU, que consolida la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad, se considera un logro revolucionario que recoge los intereses y las preocupaciones de las mujeres en relación con estos temas. Este marco normativo significó un cambio en la percepción de las mujeres únicamente como víctimas, reconociendo, en cambio, su participación en la promoción de la paz y su impacto crucial en el mantenimiento de una convivencia pacífica. Agrupadas en tres temas: la protección, la inclusión y la perspectiva de género, las disposiciones generales pueden resumirse así:
- Reconocer el importante papel y la contribución de las mujeres, no sólo como víctimas.
- Pedir la representación de las mujeres en la prevención, resolución y consolidación de la paz.
- Apoyar las iniciativas de paz de las mujeres locales.
- Aplicar una perspectiva de género en las operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU.
- Aumentar el número de mujeres en puestos de alto nivel (representantes especiales, enviadas, etc.).
- Proteger a las mujeres de la violencia de género.
La adopción de esta resolución debe entenderse como resultado de un entramado de procesos y actores de diferentes naturalezas. En primer lugar, le anteceden declaraciones surgidas, entre otras, en el marco de la Comisión del Estatus de las Mujeres, en 1946; en la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación en contra de la mujer (CEDAW), en 1979; o en la Plataforma de Acción Beijing, que fue la primera en hacer de las mujeres y los conflictos armados un área temática prioritaria. Segundo, confluye también un cambio de paradigma en el discurso internacional sobre la paz y la seguridad, que pasa de enfocarse únicamente en la defensa de los estados y la prevención de conflictos entre naciones, para incorporar nociones como la de seguridad humana. Esto se traduce en la adopción de políticas de fortalecimiento de los estados, y de garantías de libertad y dignidad humana que se exijan como deberes de los proyectos constitucionales. Tercero, la larga historia de la movilización de las mujeres, evidenciada en una red de defensa articulada transnacionalmente representó uno de los factores que incidieron con mayor fuerza en la discusión del articulado.[4] Estas organizaciones, hoy en día, revisan críticamente el progreso de la implementación. Entre ellas se destacan a nivel mundial la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad (www.peacewomen.org), las Mujeres de Negro, o Code pink; y en Colombia, La Ruta Pacífica de las Mujeres, la Iniciativa de Mujeres por la Paz y la Organización Femenina Popular.
La 1325, sin embargo, ha sido objeto de críticas por su poca implementación y por no abordar explícitamente las raíces culturales, sociales y económicas de la violencia. Las mismas organizaciones que abanderaron la lucha han reflexionado sobre los vacíos que creó el documento, al limitarse a mencionar los efectos de la guerra y, al no abordar explícitamente las estructuras profundas que la causan, y mucho menos, las condiciones que conduzcan a su fin. Pasadas las celebraciones de la resolución, miradas críticas de las mujeres han alimentado el debate sobre la escasa discusión sobre las relaciones de género que producen una sociedad inclinada por la beligerancia para resolver los conflictos. Entender cómo se configura la guerra a partir de las estructuras de género de la sociedad y, al tiempo, comprender cómo la guerra profundiza ciertas condiciones del género hacen parte de las indagaciones que buscan explicar el escalamiento de esa beligerancia. [5]
En Colombia, por ejemplo, uno de los indicadores más dicientes de estos desafíos es la escasa implementación de las 130 medidas consignadas en el Acuerdo de Paz celebrado entre el gobierno colombiano y las FARC-EP que articulan el eje de género. Para 2023, se estima que casi el 50% tienen una ejecución mínima, y 20% ni siquiera ha comenzado.[6] No obstante, para mitigar la complejidad de estas brechas, a finales de 2022, el gobierno colombiano presentó el Plan de Acción Nacional de la Resolución 1325 (PAN1325), como una hoja de ruta para abordar los retos en participación política, seguridad, justicia y bienestar que persisten por el conflicto. Se espera que los foros macrorregionales y los encuentros entre grupos poblacionales, sociales y étnicos no solo aborden la diversidad de problemas que les acucian, sino que estas discusiones se materialicen en políticas públicas, con sus respectivas estructuras de financiación y seguimiento, que permitan ejecutar efectivamente los anhelos de una paz total.
De otro lado, la agenda académica que se agrupado como mujeres, paz y conflicto recoge bien estos cuestionamientos sobre el género, las manifestaciones que tienen las violencias y las guerras sobre las mujeres y los múltiples entendimientos de la paz. Estas discusiones cuestionan las complejas estructuras sociales y tratan de entender por qué la violencia es un contínuum que sufren las mujeres, incluso en tiempos de paz. Estas perspectivas dan cuenta de la marginación de las teorías feministas, los puntos ciegos de género en los abordajes conocidos sobre la erudición sobre conflicto, y la consecuente reproducción de ideas patriarcales en las prácticas de construcción de paz. Por ejemplo, critican la marginación de las contribuciones de actores no estatales relativamente ‘impotentes’, incluidas muchas mujeres, niñas y personas no binarias, y la creación de una impresión de que el conflicto y la guerra son fenómenos sin género.
Al dar cuenta de los tres momentos de un conflicto (riesgo, dinámica y resolución), estos estudios han discutido las transformaciones de las relaciones de género que sostienen, aun en la paz, una lógica militarista y violenta, las condiciones de inequidad que dan pie y sostienen la intensidad y duración de conflictos intraestatales; las violencias diferenciadas que sufren las mujeres, violencias sexuales y basadas en género. También se ha discutido su rol en la configuración de redes sociales informales que aumenta el empoderamiento de las mujeres, de su capital social, y con ello, la disminución del riesgo de volver a la guerra; el incremento de acciones colectivas de las mujeres posteriores a los conflictos que han creado la posibilidad de remodelar sus sociedades, reescribir algunas reglas y lograr mejoras en participación política y el acceso a recursos; o la participación de las mujeres en las negociaciones de los procesos de paz.[7]
No obstante, esta corriente de la literatura que se esfuerza por el estudio de las mujeres y la paz ha sido criticada por la fuerte influencia de la condición dominante de la erudición del Norte global eurocéntrica y blanca. Sin reducir el esfuerzo de los feminismos académicos y activistas para desentrañar las estructuras patriarcales de la construcción de paz y su teorización, la herencia moderna/colonial sigue permeando estos horizontes teóricos y, así, privilegiando agendas investigativas, métodos y marcos normativos. Este asunto se traduce en la pregunta sobre quiénes han sido las voces que expresan y analizan las realidades específicas de las mujeres racializadas, indígenas, mestizas, y qué tanta autoridad han ganado las que han logrado hablar.
Las perspectivas feministas descoloniales buscan dar respuesta a esa cuestión. Aunque comparten las ideas de las corrientes de las epistemologías feministas, en cuanto a la crítica de los paradigmas que han marginado a las mujeres en la producción del conocimiento y la práctica científica, también han cuestionado la propia marginalización que se produce cuando se omiten del análisis la imbricación de los sistemas de opresión ligados a la raza, clase, género y sexualidad. Estas perspectivas teóricas han sido lente de análisis de estudios comprometidos con la relación entre mujeres y paz. Por ejemplo, han servido para analizar el caso colombiano, y desde esta óptica se planean críticas sobre las contradicciones de una paz, que basada en modelos extractivistas se camuflan con la bandera del posliberalismo para perpetuar las mismas estructuras de explotación.[8]
Ya sea desde la orilla que analiza las incidencias directas de las violencias sobre las mujeres, o sobre los esfuerzos colectivos para hacer frente a esos desafíos, o sobre el análisis de los retos que tienen las políticas públicas y los marcos normativos internacionales, los estudios sobre mujeres, paz y conflicto son campos que requieren visiones críticas y complejas. En la diversidad de aproximaciones de corte empírico y teórico encontraremos nuestro aporte a esta celebración de la lucha por las mujeres y la paz.
[1] Parte de las reflexiones que alimentan este texto están incluidas en Ordóñez Castillo. 2023. “Women in Community-Based Museums of Memory in Colombia. Their Struggle for Peacebuilding.” Gender & Development 31 (02–03): 515–34. https://doi.org/10.1080/13552074.2023.2252277.
[2] Amnistía Internacional. Gun Violence. https://www.amnesty.org/en/what-we-do/arms-control/gun-violence/
[3] Stockholm Internacional Peace Research Institute, 2023. Military expenditure and arms production. https://www.sipri.org/yearbook/2023/05
[4] Tryggestad, Torunn. 2009. “Trick or Treat? The UN and Implementation of Security Council Resolution 1325 on Women, Peace, and Security.” Global Governance 15 (4): 539–57.
[5] Cockburn, Cynthia. 2013. “War and Security, Women and Gender: An Overview of the Issues.” Gender and Development 21 (3): 433–52. https://doi.org/10.1080/13552074.2013.846632
[6] Kroc Institute for International Peace Studies. Peace Accord Matrix. https://peaceaccords.nd.edu/barometer/visualizaciones?lang=es
[7] Caprioli, Mary. 2000. “Gendered Conflict” Journal of Peace Research; Forsberg, Erika, and Louise Olsson. 2021. “Examining Gender Inequality and Armed Conflict at the Subnational Level” 6 (2). https://doi.org/10.1093/jogss/ogaa023; Melander, Erik, Jacqui True, and Elin Bjarnegård. 2020. “Women, Peace and Security: The Sexism and Violence Nexus,” no. December: 1–6.; Gómez Correal, D., & Montealegre, D. (2021). Colombian women’s and feminist movements in the peace negotiation process in Havana:complexities of the struggle for peace in transitional contexts. Social Identities, 27(4), 445–460. https://doi.org/10.1080/13504630.2021.1924659; Kreft, Anne-kathrin. 2020. “Civil Society Perspectives on Sexual Violence in Conflict : Patriarchy and War Strategy in Colombia” 2: 457–78. https://doi.org/10.1093/ia/iiz257; Skjelsbaek, Inger. 2018. “Silence Breakers in War and Peace : Research on Gender and Violence with an Ethics of Engagement” 25 (4): 496–520. https://doi.org/10.1093/sp/jxy031.; Krause, J, and Louise Olsson. 2020. “Women ’ s Participation in Peace Processes.” In Contemporary Peacemaking: Conflict, Violence and Peace Processes.; Skjelsbaek, Inger. 2018. “Silence Breakers in War and Peace : Investigación Sobre Género y Violencia Con Una Ética Del Compromiso.” Social Politics 25 (4): 496–520. https://doi.org/10.1093/sp/jxy031.
[8] Paarlberg-Kvam, K. 2021. Open-pit peace: The power of extractive industries in post-conflict transitions. Peacebuilding, 9(3), 289–310. https://doi.org/10.1080/21647259.2021.1897218
Sachseder, Julia ‘¿Autorizado para inversión? Las intersecciones de capital transnacional, género y raza en la producción de violencia sexual y desplazamiento interno en el conflicto armado de Colombia’, International Feminist Journal of Politics 22 (2020), 162–186; Hudson, H. (2016). Decolonising gender and peacebuilding: Feminist frontiers and border thinking in Africa. Peacebuilding, 4(2), 194–209.